Durante años se ha repetido una idea sencilla: quien tiene una vivienda y decide alquilarla obtiene una renta a cambio de ceder temporalmente su uso. El propietario asume impuestos, reparaciones, comunidad, seguros, derramas, periodos sin alquilar y el riesgo de que el inquilino no pague. A cambio, conserva algo que parecía elemental: llegado el momento previsto en el contrato, o producido un incumplimiento grave, puede recuperar su vivienda.
Ese equilibrio se ha ido transformando.
Desde 2020, una sucesión de normas extraordinarias, reformas procesales, límites de renta, prórrogas obligatorias y restricciones sobre distintas modalidades de alquiler ha ido trasladando una parte creciente del coste de la política pública de vivienda al propietario privado.
La cuestión no es si una familia vulnerable merece protección. Evidentemente la merece.
La pregunta es otra: ¿quién debe asumir económicamente esa protección?
Porque una cosa es que el Estado proteja a quien no puede pagar una vivienda y otra muy distinta que decida que esa protección debe financiarse manteniendo durante meses o años a una persona en una vivienda perteneciente a otro ciudadano.
Ahí está el verdadero debate.
2020: una medida excepcional para una situación verdaderamente excepcional
En marzo de 2020 España se enfrentaba a una situación que nadie había conocido antes.
La economía se paralizó. Millones de personas quedaron confinadas. Empresas y comercios cerraron. Familias enteras perdieron de un día para otro una parte sustancial de sus ingresos.
En ese contexto nació el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. Entre otras medidas, permitió suspender procedimientos de desahucio y lanzamientos cuando el arrendatario se encontrara en situación de vulnerabilidad y careciera de alternativa habitacional.
Era una medida excepcional.
Y probablemente muy pocos propietarios discutieron entonces que una pandemia mundial exigía soluciones excepcionales.
El problema es lo que ocurrió después.
La pandemia terminó. Las restricciones sanitarias desaparecieron. Se recuperó la actividad económica. Pero aquella institución extraordinaria siguió prorrogándose una y otra vez.
Seis años después, en 2026, el mecanismo continúa existiendo.
El Real Decreto-ley 2/2026 volvió a extender hasta el 31 de diciembre de 2026 la posibilidad de suspender procedimientos de desahucio y lanzamientos de personas económicamente vulnerables. Es cierto —y hay que decirlo— que en 2026 se introdujo una protección importante para los propietarios más pequeños: la suspensión no se aplica cuando el arrendador acredita ser titular de dos o menos viviendas.
Pero el dato de fondo sigue siendo extraordinario: una herramienta creada para afrontar la emergencia sanitaria de 2020 continúa condicionando los desahucios al final de 2026.
Lo provisional se convirtió en habitual.
Y muchos propietarios han vivido cada final de año con una misma pregunta: ¿terminará por fin la medida o volverá a prorrogarse?
De ahí esa sensación, expresada por muchos afectados, de una suerte de “nocturnidad legislativa”: normas extraordinarias que alcanzan su fecha final y son sustituidas o prorrogadas cuando el propietario creía que finalmente recuperaría el régimen ordinario.
El problema no es proteger al vulnerable. Es decidir quién paga la protección
Este es probablemente el punto esencial de todo el debate.
Si una persona no puede pagar el alquiler, hay un problema social.
Si una familia con menores no tiene dónde vivir, hay un problema social.
Si un anciano, una persona enferma o una persona sin recursos puede quedarse en la calle, hay un problema social.
Pero precisamente porque es un problema social, su solución debería corresponder principalmente a la sociedad en su conjunto, a través de los presupuestos públicos, los servicios sociales y un parque suficiente de vivienda pública.
No parece razonable seleccionar a un ciudadano concreto —el propietario de la vivienda en la que casualmente reside esa familia— y convertirlo durante un periodo incierto en financiador individual de esa política social.
El propietario sigue pagando IBI.
Sigue pagando comunidad.
Sigue pagando derramas.
Sigue respondiendo de reparaciones.
Puede seguir pagando incluso una hipoteca.
Y, sin embargo, puede encontrarse con enormes dificultades para recuperar aquello que jurídicamente continúa siendo suyo.
El Estado dispone de capacidad tributaria. El particular no.
Si la vulnerabilidad es responsabilidad de todos, su coste también debería repartirse entre todos.
2023: llega la Ley de Vivienda y aparece una nueva categoría, el “gran tenedor”
La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, profundizó esta filosofía.
La ley creó y desarrolló un régimen diferenciado para los llamados grandes tenedores. Con carácter general, se considera gran tenedor a quien posee más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluidos garajes y trasteros. En determinadas zonas tensionadas, el umbral puede particularizarse hasta los cinco inmuebles residenciales.
Puede discutirse si quien posee cien viviendas debe recibir exactamente el mismo tratamiento que quien tiene una.
Pero entre esos extremos existe toda una realidad que con frecuencia desaparece del debate público.
Hay propietarios con tres viviendas.
Con cuatro.
Con cinco.
Personas que han trabajado durante décadas.
Personas que heredaron inmuebles de sus padres.
Personas que compraron una pequeña vivienda como complemento para su jubilación.
Autónomos que no cuentan con una gran pensión futura y decidieron ahorrar en ladrillo.
Familias que pagaron Impuesto de Transmisiones, notaría, registro, IBI, IRPF y todos los tributos correspondientes.
No todos los propietarios son fondos de inversión.
Y una política de vivienda que no distinga suficientemente entre estructuras empresariales de cientos o miles de inmuebles y patrimonios familiares puede terminar expulsando precisamente al propietario particular que tradicionalmente ha proporcionado buena parte de la oferta de alquiler.
El propietario tuvo incluso que investigar si su inquilino era vulnerable
La Ley de Vivienda introdujo requisitos procesales especialmente llamativos.
En determinadas demandas de recuperación de la posesión había que especificar si la vivienda constituía residencia habitual, si el demandante era gran tenedor y, cuando afirmaba no serlo, aportar una certificación del Registro de la Propiedad que permitiera comprobar sus propiedades.
Y si el propietario era gran tenedor, la ley llegó a obligarle a acreditar si el ocupante se encontraba o no en situación de vulnerabilidad económica.
La paradoja era evidente.
El propietario quería acudir a un Tribunal porque otra persona no pagaba o porque el contrato había terminado.
Pero antes de poder hacerlo se trasladaba al propio propietario la carga de averiguar y acreditar una circunstancia personal y económica perteneciente a la contraparte.
Eso terminó siendo demasiado incluso para el Tribunal Constitucional, que, en su Sentencia 26/2025, de 29 de enero, quien declaró inconstitucionales y nulos el artículo 439.6 c) LEC y otros preceptos relacionados.
¿La razón?
El Constitucional consideró desproporcionado trasladar al demandante esa carga acreditativa cuando la situación de vulnerabilidad podía conocerse mediante otros mecanismos. La sentencia calificó aquella exigencia como una barrera desproporcionada para el derecho a la tutela judicial efectiva.
Es una sentencia importante porque pone de manifiesto hasta dónde había llegado la inversión de cargas.
El propietario no solo tenía que demostrar su derecho.
Tenía que investigar también la situación de quien se encontraba en su vivienda.
Después llegaron los topes al alquiler
La Ley 12/2023 introdujo también las llamadas zonas de mercado residencial tensionado.
En ellas, la libertad para fijar la renta de nuevos contratos queda limitada.
Para determinados nuevos contratos, la renta no puede superar la del contrato anterior, actualizada conforme a las reglas legales. Y cuando el propietario es gran tenedor se aplica además el sistema estatal de índices de referencia.
Desde 2025 existe asimismo un nuevo índice del INE que actúa como límite para determinadas actualizaciones anuales de renta.
El propósito declarado resulta comprensible: evitar subidas desproporcionadas y facilitar el acceso a la vivienda.
La discusión está en sus consecuencias.
Porque fijar un precio máximo puede beneficiar inmediatamente al inquilino que ya consigue acceder a una vivienda.
Pero no crea una sola vivienda más.
Y si reduce el incentivo de algunos propietarios para permanecer en el alquiler tradicional, aparece un segundo problema: cada vivienda regulada puede resultar más barata, pero cada vez hay menos viviendas entre las que elegir.
La regulación puede proteger al inquilino que ya está dentro y perjudicar al que intenta entrar
Este no es únicamente un argumento ideológico.
El Banco de España ha señalado reiteradamente que uno de los problemas fundamentales del mercado español es que la oferta responde de forma insuficiente al crecimiento de la demanda. Entre sus recomendaciones aparece precisamente la necesidad de diseñar una regulación que estimule la oferta de alquiler residencial de particulares y operadores profesionales.
La experiencia internacional revisada por el propio Banco de España advierte además de que los controles de rentas pueden producir consecuencias no deseadas sobre la oferta.
Y ya contamos con datos españoles interesantes.
Un estudio publicado por FEDEA en junio de 2026 analiza la aplicación de la Ley de Vivienda en Cataluña, donde la contención de rentas se implantó ampliamente antes que en otras comunidades.
El resultado merece una lectura completa.
Los precios aumentaron menos que en territorios no sometidos a la misma regulación. Ese era precisamente uno de los objetivos de la medida.
Pero simultáneamente la oferta anunciada cayó un 20,5 % en Cataluña y un 22,2 % en Barcelona entre el primer trimestre de 2024 y el último de 2025, mientras en Madrid aumentó un 3,9 %. La presión de demanda alcanzó 462 contactos por anuncio en Barcelona frente a 103 en Madrid. El propio estudio advierte que se trata de evidencia descriptiva y que no debe confundirse automáticamente con una estimación causal definitiva.
Esta precisión es importante.
No sería serio afirmar que todo el encarecimiento del alquiler español se debe a la Ley de Vivienda.
No es verdad.
España tiene un enorme problema de insuficiencia de oferta, escasez de construcción en determinadas zonas, crecimiento demográfico, concentración de empleo, demanda extranjera, turismo y falta de vivienda pública. El Banco de España lleva tiempo señalándolo.
Pero tampoco parece serio negar que cuando una regulación reduce la rentabilidad esperada, aumenta el riesgo o limita las alternativas contractuales, algunos propietarios reconsideran si desean alquilar.
Y eso tiene consecuencias.
El efecto más perverso: el vulnerable puede acabar teniendo todavía más difícil encontrar un alquiler
Existe además una contradicción profunda.
Cuanto mayores sean las consecuencias económicas para el propietario si el inquilino deja de pagar, mayor será previsiblemente el rigor con el que seleccionará al siguiente arrendatario.
Es pura gestión del riesgo.
Si recuperar una vivienda puede tardar mucho tiempo, el propietario tenderá a exigir mejores nóminas.
Más antigüedad laboral.
Aval.
Seguro de impago.
Más solvencia.
Más garantías dentro de los límites legales.
Y entonces ocurre la paradoja.
La legislación diseñada para proteger a la persona económicamente vulnerable puede conseguir que el propietario tenga más miedo a alquilar precisamente a quien presente cualquier indicio de vulnerabilidad.
El ciudadano al que se pretendía proteger puede terminar siendo el último elegido entre veinte o cincuenta candidatos.
No porque el propietario tenga nada contra él.
Sino porque sabe que, si las cosas salen mal, el riesgo recaerá fundamentalmente sobre su patrimonio.
La protección social mal diseñada puede convertirse así en discriminación económica indirecta.
Desde 2025 incluso hay que intentar negociar antes de acudir al Juzgado
A este entramado se añadió la Ley Orgánica 1/2025.
Desde abril de 2025 se exige, con carácter general en la jurisdicción civil y salvo las excepciones legales, acreditar un intento previo de solución extrajudicial mediante un MASC antes de presentar la demanda. La exigencia alcanza, con carácter general, a los desahucios por impago o expiración contractual.
Negociar no es malo.
Muchos conflictos se solucionan precisamente porque las partes hablan antes de demandar.
Pero desde la perspectiva del propietario supone un nuevo trámite.
Hay que formular correctamente la negociación.
Acreditar su envío.
Esperar los plazos correspondientes.
Conservar las pruebas.
Y posteriormente demostrar al Tribunal que el objeto negociado coincide sustancialmente con el que se reclama judicialmente.
De nuevo, la recuperación de una vivienda que antes era esencialmente una cuestión contractual incorpora más pasos, más costes y más posibilidades de que un error formal retrase el proceso.
El alquiler turístico: de actividad permitida a necesitar permiso de los vecinos
Otro camino que algunos propietarios eligieron para evitar los riesgos del arrendamiento residencial fue el alquiler turístico.
También ahí se endureció la regulación.
Desde el 3 de abril de 2025, quien pretenda iniciar una actividad de vivienda turística en un inmueble sometido a propiedad horizontal necesita la aprobación expresa de la comunidad de propietarios, con una mayoría de tres quintos de propietarios y cuotas. Además, esa misma mayoría puede limitar, condicionar o prohibir la actividad. La reforma preservó determinadas actividades preexistentes que ya cumplían anteriormente la normativa turística.
Por tanto, decir que el alquiler turístico ha sido “aniquilado” en toda España sería jurídicamente excesivo.
Pero sí puede afirmarse que se ha cerrado o dificultado de manera muy intensa esa alternativa para miles de propietarios, a lo que se añaden las restricciones autonómicas y municipales.
Si el propietario se refugia en el alquiler temporal, también se regula
Cuando parte de la oferta comenzó a desplazarse hacia contratos temporales, la respuesta regulatoria fue ampliar nuevamente el perímetro.
El Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, actualmente en vigor desde el 8 de octubre aunque pendiente de su correspondiente control parlamentario, redefine el alquiler temporal.
Exige una causa real y acreditable.
Impone al arrendador la carga de acreditar esa temporalidad.
Como regla general limita la duración y establece que determinadas sucesiones contractuales pueden convertir la relación en arrendamiento habitual.
Y regula también expresamente el alquiler parcial por habitaciones.
En una vivienda alquilada por habitaciones, la suma de las rentas simultáneas no puede superar la renta máxima que correspondería al alquiler unitario de toda la vivienda; y en zonas tensionadas se aplican además los límites correspondientes.
La secuencia resulta significativa.
Se regula el alquiler tradicional.
Parte del mercado busca la temporada.
Se regula la temporada.
Parte busca habitaciones.
Se regulan las habitaciones.
Se endurece el turístico.
Cada vez quedan menos espacios de libertad contractual.
2026: hasta la guerra de Irán termina afectando al contrato de alquiler
Probablemente uno de los episodios más llamativos se produjo en marzo de 2026.
El Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, denominado literalmente “de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán”, introdujo una prórroga extraordinaria de determinados contratos de vivienda.
Permitía al arrendatario solicitar prórrogas anuales hasta un máximo de dos años adicionales, que el arrendador debía aceptar salvo determinadas excepciones. También establecía límites extraordinarios sobre la actualización de renta.
El Congreso lo rechazó el 28 de abril por 177 votos contra 166, con cinco abstenciones, y la derogación se publicó el 30 de abril.
Por tanto, no duró unos días: estuvo vigente alrededor de cuarenta días.
Pero aquí aparece algo jurídicamente muy llamativo.
El Real Decreto-ley 29/2026 aprobado meses después establece que las solicitudes de prórroga realizadas por los arrendatarios durante el periodo en que aquel decreto estuvo vigente se consideran válidamente formuladas, sin necesidad de volver a comunicarlas.
Una norma derogada puede, por tanto, continuar proyectando consecuencias sobre relaciones privadas a través de una disposición posterior.
Para un propietario que hubiera notificado correctamente la finalización de su contrato, la sensación de inseguridad jurídica es fácil de comprender.
Octubre de 2026: leyes del alquiler que prácticamente nacen y mueren el mismo día
Lo ocurrido entre el 29 de septiembre y el 7 de octubre de 2026 merece un capítulo propio.
El Gobierno aprobó los Reales Decretos-leyes 26/2026 y 27/2026.
El primero fue publicado el 30 de septiembre, entró en vigor el 1 de octubre y fue derogado el 2 de octubre.
El segundo fue publicado el 1 de octubre, entró en vigor el 2 de octubre y fue derogado ese mismo día.
Cuesta imaginar un ejemplo más gráfico de inseguridad normativa.
Durante horas podían existir reglas contractuales que al día siguiente habían desaparecido.
Y solo cuatro días después, el Consejo de Ministros volvió sobre la materia mediante los Reales Decretos-leyes 28/2026 y 29/2026, de 6 de octubre.
Con las Cortes disueltas, la Constitución permite que el Gobierno continúe aprobando reales decretos-leyes y que su control corresponda a la Diputación Permanente. Por tanto, no sería correcto decir que jurídicamente es un procedimiento “inédito”. Sí puede afirmarse que la secuencia política y normativa resulta extraordinariamente excepcional.
Y ahora aparece otra prórroga extraordinaria de hasta dos años
El Real Decreto-ley 29/2026, en vigor desde el 8 de octubre, introduce una nueva prórroga extraordinaria para determinados contratos vigentes cuyo periodo correspondiente finalice antes del 31 de diciembre de 2028.
Si el arrendatario se encuentra al corriente de pago y ha pagado mensualmente durante los ocho meses anteriores, puede solicitar una prórroga por anualidades de hasta dos años adicionales, con las excepciones previstas por la propia norma.
Para un propietario que firmó un contrato convencido de que terminaría en una fecha determinada, la consecuencia práctica es evidente:
el calendario pactado deja de depender únicamente de aquello que firmaron las partes.
Y el siguiente decreto va todavía más lejos
El Real Decreto-ley 28/2026 está publicado pero establece su entrada en vigor para el 15 de noviembre de 2026, siempre sujeto naturalmente a su control parlamentario previo.
Su contenido supone un cambio mucho más profundo.
Prevé que, tras los cinco años mínimos —o siete cuando el arrendador sea persona jurídica—, si no existe comunicación de no renovación con seis meses de antelación por parte del propietario, el contrato se prorrogue obligatoriamente por nuevos periodos de cinco o siete años.
Y aun notificando correctamente la no renovación, el propietario tendrá, con carácter general y salvo las excepciones previstas, que indemnizar al inquilino.
La indemnización será el mayor entre doce mensualidades calculadas sobre el valor de referencia correspondiente o una mensualidad por cada año que el arrendatario haya permanecido en la vivienda.
Hay excepciones: necesidad de vivienda para el propietario o determinados familiares, disponibilidad de otra vivienda por el arrendatario, falta de residencia efectiva, firma de un nuevo contrato y otros supuestos previstos por la norma.
Pero la filosofía representa un cambio notable:
el propietario no solo debe avisar de que desea recuperar su vivienda cuando termina el contrato; en determinados casos tendría que pagar al inquilino por hacerlo.
El último giro: incluso un desahucio por impago puede terminar manteniendo el contrato
El Real Decreto-ley 29/2026 incorpora además una denominada enervación extraordinaria para determinados desahucios por falta de pago cuando existe vulnerabilidad económica.
La Administración competente dispone de dos meses para ofrecer una alternativa habitacional o pagar al propietario las cantidades adeudadas, las devengadas y las costas.
Si paga, el desahucio termina y el contrato continúa.
Y si no ofrece alternativa ni paga dentro del plazo, la propia Administración queda subrogada en la posición deudora y no procede el lanzamiento, manteniéndose el contrato mientras concurran las condiciones previstas por la norma.
Aquí hay una diferencia relevante respecto de etapas anteriores: al menos la norma intenta trasladar parte de la responsabilidad económica a la Administración.
Eso es conceptualmente más razonable que hacer recaer todo el coste sobre el propietario.
Pero persiste la cuestión posesoria.
El ciudadano puede querer recuperar su vivienda, no simplemente cambiar a su inquilino insolvente por una Administración deudora.
Portugal ha elegido otro camino
La comparación con Portugal resulta especialmente interesante, pero también conviene hacerla con precisión.
Portugal no ha eliminado toda la protección al arrendatario ni ha liberalizado completamente el mercado.
Lo que ha hecho en 2026 es orientar buena parte de sus reformas hacia el aumento de oferta y la recuperación de la confianza del propietario.
En enero aprobó un paquete fiscal que incluye incentivos para el arrendamiento a precios moderados, reducciones fiscales para construcción y rehabilitación y exenciones en determinadas rentas e inversiones destinadas al alquiler.
Y en julio de 2026 el Gobierno portugués aprobó una propuesta de reforma del arrendamiento urbano basada explícitamente en cuatro ideas: mayor libertad contractual, mayor seguridad en el cumplimiento de contratos, simplificación y aceleración de los mecanismos de desahucio y resolución de conflictos, y una mayor responsabilidad del Estado en la protección de las personas vulnerables.
La diferencia filosófica es importante.
Portugal parece preguntarse:
¿qué necesita el propietario para volver a poner una vivienda en alquiler?
España lleva años preguntándose principalmente:
¿qué obligaciones adicionales podemos imponer al propietario que ya la ha puesto?
El pequeño propietario no pide privilegios. Pide saber cuáles son las reglas
Probablemente este sea el aspecto que más desgaste genera.
Un propietario puede aceptar una ley que no le guste.
Puede hacer números.
Puede decidir si le compensa alquilar.
Lo difícil es adoptar decisiones patrimoniales cuando las reglas cambian continuamente.
Un contrato que se firma hoy puede verse afectado mañana por una nueva prórroga.
Una forma de alquiler puede ser regulada después.
Una posibilidad de recuperar la vivienda puede quedar temporalmente suspendida.
Un requisito procesal puede aparecer, ser aplicado durante meses y posteriormente ser declarado inconstitucional.
Un decreto puede entrar en vigor y desaparecer al día siguiente.
Y otro puede resucitar parcialmente sus efectos una semana después.
La inversión necesita rentabilidad.
Pero, sobre todo, necesita seguridad jurídica.
¿Qué termina haciendo el propietario?
Puede vender.
Puede dejar la vivienda vacía.
Puede buscar otro tipo de uso.
Puede extremar la selección de los inquilinos.
Puede decidir no comprar otra vivienda para alquilar.
O puede subir el precio inicial allí donde legalmente todavía pueda hacerlo para compensar un riesgo regulatorio cada vez mayor.
Ninguna de esas respuestas aumenta la oferta de vivienda habitual asequible.
Ahí está el gran problema de una legislación construida fundamentalmente desde la restricción.
Puedes ordenar que un alquiler no supere determinado precio.
Pero no puedes ordenar a un propietario que quiera alquilar.
La vivienda social debe hacerla el Estado
España necesita vivienda pública.
Necesita suelo.
Necesita construcción.
Necesita rehabilitación.
Necesita agilizar licencias.
Necesita seguridad jurídica.
Necesita medidas para que miles de viviendas que hoy no están en el alquiler tradicional vuelvan al mercado.
Y necesita proteger a las personas realmente vulnerables.
Pero debería hacerlo con impuestos pagados por todos y con patrimonio público, no convirtiendo aleatoriamente el inmueble de un particular en una extensión del parque de vivienda social.
Porque detrás de muchas viviendas alquiladas no hay una sociedad anónima.
Hay una persona.
Una pareja.
Una familia.
Un autónomo.
Un jubilado.
Alguien que durante treinta años se levantó cada mañana, pagó una hipoteca, pagó sus impuestos y renunció a otros gastos para conseguir un pequeño patrimonio.
Personas que rara vez pueden dejar de trabajar porque el IBI, la comunidad, el banco, el seguro y Hacienda no suspenden sus obligaciones cuando ellas tienen problemas.
Es legítimo hablar de los derechos del inquilino.
Pero también hay que volver a hablar de los derechos del propietario.
Proteger al inquilino y proteger al propietario no son objetivos incompatibles
El debate público ha cometido durante demasiado tiempo el error de presentar a unos contra otros.
Propietario frente a inquilino.
Casero frente a vulnerable.
Derecho de propiedad frente a derecho a la vivienda.
No tiene por qué ser así.
El inquilino necesita estabilidad.
El propietario necesita seguridad.
El vulnerable necesita ayuda.
Y esa ayuda debe proporcionarla principalmente el Estado.
Un mercado sano necesita que ambas partes sepan que los contratos se cumplen.
Que quien paga puede vivir tranquilo.
Que quien alquila cobrará.
Y que, cuando llegue legalmente el momento de recuperar la vivienda, podrá recuperarla en un plazo razonable.
Porque si alquilar una vivienda se convierte en una decisión de riesgo jurídico imprevisible, la reacción de muchos propietarios será muy sencilla:
no alquilarla.
Y entonces habrá menos viviendas.
Más candidatos por cada inmueble.
Más exigencias de solvencia.
Y mayores dificultades precisamente para quienes tienen menos recursos.
Ese sería el resultado más paradójico de todos: que una legislación concebida para proteger el acceso a la vivienda terminara haciendo que acceder a una vivienda en alquiler fuera todavía más difícil.
La política social es imprescindible.
Pero debe financiarla la sociedad.
El propietario particular puede colaborar en el mercado de la vivienda. Lo que no puede exigírsele es que sustituya al Estado.
